ES POSIBLE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA EN CHILE
En Chile se ha generado a través de las agrupaciones de estudiantes secundarias y universitarias un movimiento social que se ha extendido al resto de las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad que reconoce el fracaso del actual sistema educacional y ha tomado una posición mayoritaria en favor de reformar el actual sistema educación.
En su esencia el movimiento exige el termino del lucro que actualmente afecta la educación y una mejor calidad de la misma.
Las posiciones son antagónicas, por un lado el gobierno propone mantener en modelo y legislar para establecer mayores recursos y mayor fiscalización que permita alcanzar un mayor acceso y una mejor calidad.
Por otro lado los estudiantes proponen el fin del lucro en aquellas instituciones que reciben recursos del Estado y que aquellas que lo reciben puedan reinvertir las ganancias en inversiones que permitan mejorar la calidad de la educación que entregan.
Conoceremos algunas propuestas al respecto.
Introducción
Los estudiantes chilenos han puesto en el debate familiar y público un tema que puede remecer al actual sistema educativo chileno en sus cimientos más profundos.
¿Es posible poner fin al lucro y mejorar la calidad de la educación chilena?
Pregunta que intentaremos responder basados en las diferentes posturas que existen al respecto y recogiendo las propuestas más audaces en torno al financiamiento de un nuevo modelo.
Nuestro país desnuda las falencias de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista, en su máxima expresión, implantado durante la dictadura militar y que transforma a Chile en el mayor ejemplo de la aplicación de un patrón neoliberal que afecta la vida de los chilenos en todos sus aspectos. Una fórmula que se instala sin discusión por la situación política que se había impuesto con el golpe militar de 1973 y con una sociedad sin parlamento y por ende sin oposición que tuviese espacios para el debate de las medidas que se imponían.
La Constitución de 1980, da un vuelco al rol del Estado quien se desliga de sus responsabilidades de garante de los derechos ciudadanos y pasa a cumplir un rol subsidiario, entregándole la iniciativa al sector privado.
Es así como salud educación, vivienda, trabajo se ven afectados por el nuevo modelo que deja en manos del mercado temas tan relevantes para la vida de los ciudadanos.
La educación, tema de relevante importancia para el desarrollo de las personas, abre las puertas al mundo privado para que pueda ofrecerlo como servicio, a través de normativas que dejan grandes espacios para que se pueda aplicar la lógica de la educación como un bien de consumo en desmedro de ser un derecho.
Lo que se busca en este trabajo es transparentar la viabilidad de implementar en Chile un sistema de educación pública gratuita para los diferentes niveles de educación existentes.
El gobierno defiende el actual sistema imperante a través de reconocer ciertas falencias pero declara que es posible mejorarlo con mayores recursos y mayor control, pero sin dejar de lado la participación de los privados en la entrega de educación. Es importante señalar que hoy la normativa para educación superior establece mecanismos de control, pero que no permiten evitar que los ingresos que genera el sistema se conviertan en lucro y no sean destinados a mejorar la calidad de la educación a través de la reinversión. Por otro lado a través de los proyectos de ley enviados propone que se permita a los privados lucrar porque según el gobierno esto no es incompatible.
Por otro lado los estudiantes declaran que este movimiento busca el cambio del sistema imperante, obligando al Estado a sumir su rol de garante tanto en el acceso como en la calidad de la educación que se entrega. Por ello, han señalado que no están dispuestos a transar en la mantención del modelo con lo que ellos señalan como “maquillajes” a través de la entrega de mayores recursos los que, según ellos, irían nuevamente a convertir el negocio de la educación en algo más restable aún.
Sin embargo, es importante señalar que los estudiantes han declarado no estar en contra de la participación de privados y la educación privada, pero lo que aceptan es que se entregue recursos estatales a esas instituciones con fines de lucro, dejando ver que pueden coexistir ambos tipo de instituciones.
En esta investigación se dan a conocer las diferentes postura al respecto y las propuestas que permitirían dar una respuesta positiva a la pregunta con la cual se titula este trabajo.
Diferentes personas y entidades han propuesto fórmulas para enfrentar el conflicto que hoy se ve sin salida por lo opuestas que son las posiciones frente al tema.
Conoceremos algunas propuestas y declaraciones que afirman que la educación gratuita es posible y otras que lo descartan de plano.
Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la constitución chilena, es el ejecutivo quien tiene la facultad o iniciativa de presentar proyecto al Congreso, por lo tanto es el gobierno quien debe consensuar con quienes los interpelan en pro de establecer acuerdos que permitan que dichos proyectos contengan las diferentes posturas sobre el tema, para que en la discusión de los parlamentarios puedan estar presentes las diferentes alternativas y/ o peticiones que se hagan sobre la materia. Esta fue la razón por la cual los estudiantes, al reunirse con los parlamentarios les indicaron que cualquier reunión sería improductiva sin no era sobre la base de un acuerdo con el Ejecutivo.
Para aquellos que señalan que el lucro no es incompatible con la entrega de un buen servicio en la educación, tenemos como ejemplo varias universidades privadas chilenas que han fracasado y desaparecido justamente por la mala calidad de los servicios que ofrecían.
Para otros, la educación es un derecho y por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso como un bien público y las familias no deben verse afectadas por tener que destinar recursos que les son necesarios para otros fines en una responsabilidad que le cabe al Estado.
¿Cuánto cuesta financiar las universidades tradicionales?
Tenemos 300.000 estudiantes en las universidades tradicionales
Supongamos un arancel promedio de $3.000.000 por cada estudiante.
Financiar las universidades tradicionales costaría:
Costo total = (300.000 estudiantes) * ($3.000.000)
Costo total = $900.000.000.000
El precio promedio del dólar el año 2010 fue de $ 500
Pasando la cifra anterior a dólares, tenemos:Costo total = $ 900.000.000.000 / 500
Costo total = US$ 1.800.000.000
Financiar el arancel de los estudiantes de las universidades tradicionales habría costado, el año 2010, menos de 1.800 millones de dólares.
De ahí que los estudiantes han puesto esa cifra como la necesaria para alcanzar el financiamiento de las universidades tradicionales. Recordemos las 1.800 horas corriendo alrededor de la Moneda.
¿Cómo se puede financiar la Educación Superior?
En términos generales las propuestas se centran en tres alternativas que permitirían obtener los recursos necesarios para invertir en un modelo de educación que se financie ya sea con reducción de gastos o redestinación de los mismos y aplicación de impuestos a las grandes ganancias y/o establecer un Royalty más cercano a las realidades de otros países que también lo aplican.
Reducir el gasto en defensa
Gasto militar chileno año 2010 (3,1% PIB)US$ 6.198.000.000
Bajemos un 1%
(El país vecino con el % más alto es Bolivia con un 1,8%)
Chile se ahorraría US$ 1.999.354.839
Aumentar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas.
El impuesto a las Utilidades
Utilidades 31 grandes empresas año 2007*
US$ 20.200.000.000
¿Qué porcentaje de este monto se necesita para financiar las Universidades tradicionales?
El costo de financiar las universidades tradicionales representa aproximadamente un8,91% de las utilidades de las grandes empresas privadas.(Fuente: www.elmercurio.cl )
3. Aplicar un verdadero royalty a las mineras
El año 2008 CODELCO aportó al Estado de Chile la suma de
$ 6.829 millones de dólares en utilidades
Ese mismo año las cupríferas privadas produjeron el 73,76%
del cobre y CODELCO sólo el 26,24%.
Las utilidades de las cupríferas privadas el año 2008 fue al menos de
19.196 millones de dólares.
El costo de financiar las universidades tradicionalesrepresenta aproximadamente un
9,3% de lasutilidades de las cupríferas privadas.
Uno de los primeros en levantar una propuesta que respalde la posibilidad de financiar la eduación en Chile, fue Marcell Claude (Economista y Magister en Economía de la Universidad de Chile. Master of Arts. y Candidato a Doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se ha desempeñado como consultor y asesor sindical en temas económicos y ambientales. Es profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Gobierno y fue Director del Área Estado, Economía y Gestión de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Durante el año 2010 fundó y dirigió el semanario Diario Uno)
Señala que estamos frente dos modelos de financiamiento de la educación.
Uno de financiamiento privado con aranceles pagados por las familias que no da garantías de acceso y calidad, prueba de ello es la actual movilización estudiantil.
El otro el modelo de educación obligatoria financiada por el Estado a través de los tributos más impuestos a la gran minería, pero no lo reconoce como gratuito porque son recursos que tiene otro fin. Este modelo lo aplican tanto países socialistas como capitalistas y funciona bien.
“El modelo chileno, es el único en el mundo que permite lucrar con fondos públicos y que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. La contumaz insistencia en este modelo y su permanencia, nos demuestra claramente quienes son los inspirados ideológicamente, dado que, a pesar de su fracaso, insisten en sus bondades contra viento y marea, con fe ciega, obstinada y febril. Peor aún, es una ideología funcional a un orden económico y social que perpetúa la situación de privilegio y poder de quienes la sostienen y sus círculos relacionados” señala Claude.
Ahora bien, la buena noticia es que la demanda estudiantil de una educación pública financiada por el Estado, no solo es justa, sino total y absolutamente realista. Más aún, nunca como hoy en la historia de Chile, ha sido una demanda tan cabalmente ajustada a la realidad económica y financiera del país.
En primer lugar, Chile hoy podría ser calificado –desde los indicadores económicos más comunes- el país más rico de América Latina. El ingreso per cápita de nuestro país se empina a los 15 mil dólares anuales. Argentina está en torno a los 13.500 dólares, Brasil en los 10 mil. Hoy en día, no hay ningún país latinoamericano que supere a Chile en cuanto a la riqueza disponible por persona. No obstante, en nuestro país las familias deben pagar voluminosos recursos para educar a sus hijos, dejando una estela macabra de endeudamiento y malestar al inicio de la vida laboral de los jóvenes. Por otra parte, en Argentina los estudiantes pueden acceder al sistema nacional de educación sin pagar aranceles desde 1949; en Brasil, el Estado debe financiar al menos una universidad pública en cada estado, en donde los estudiantes no tienen que pagar matrículas o aranceles; lo mismo ocurre en Perú, Uruguay, México y otros países de la región.
La pregunta obvia es, por qué si otros países más pobres pueden hacer frente al derecho a la educación, en Chile se nos muestra como un escenario utópico e imposible?
Es más, si nos remontamos a la historia de Chile, resulta muy sorprendente saber que, en los años sesenta, cuando Chile tenía un ingreso per cápita 7 veces inferior al de hoy, es decir, cuando éramos 7 veces más pobres, en el sistema público de educación se accedía sin pagar aranceles o colegiaturas.
Cabe recordar que, en la década del sesenta, nuestras exportaciones de cobre escasamente llegaban a los 550 millones de dólares. Es importante este dato, puesto que los retornos del cobre contribuían al presupuesto de la Nación, con el que se financiaba la educación pública. Hoy en día, las exportaciones mineras llegan a la estratosférica suma de los 44 mil millones de dólares, es decir, 80 veces más de lo que se exportaba cuando el país aseguraba una educación pública para todos y sin pagar aranceles o matrículas.
No es argumento válido decir que la población estudiantil se ha incrementado vertiginosamente y hoy son muchos más los estudiantes. Esto no es falso, pero, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación y el Censo, en los años sesenta el número de estudiantes en educación preescolar, básica, media y superior, llegaba aproximadamente a los 2 millones 300 mil alumnos. Hoy en día esa cifra se empina en torno a los 4,5 millones. Es decir, sólo hemos duplicado la población estudiantil.
Entonces, una vez más, cómo se explica que, hoy por hoy, siendo el país más rico de América Latina, con un ingreso per cápita 7 veces mayor al de los años sesenta, con apenas una duplicación de la población estudiantil y con exportaciones mineras que se han multiplicado 80 veces, no sea posible financiar una educación pública de excelente calidad, accesible a todos y financiada con recursos estatales?
Obviamente, aquí no se trata –las cifras lo están gritando- de una restricción o limitación de recursos. Ese no es el tema de fondo.
Para encontrar la respuesta hay que hacerse otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué razón el país se permite entregarle 30 mil millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que explotan el cobre chileno y no puede hacerse cargo de los 20 mil dólares que aproximadamente -y en promedio- cuesta una carrera universitaria de 5 años? ¿Por qué el país se permite el lujo de ser una de las economías más extranjerizadas del mundo, con una inversión extranjera equivalente al 70% del PIB, cuando a nivel mundial el promedio no supera el 30%? Lo anterior no es un dato menor, dado que entre 1999 y el 2009, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera superaban largamente el total del capital extranjero invertido entre 1974 y el 2008.
Estas cifras nos muestran claramente que el problema no es la disponibilidad de recursos, sino que estamos frente a la cuestión de cómo se están asignado éstos, de cuáles son las preferencias políticamente establecidas, en donde los intereses del capital, los beneficios lucrativos de las empresas multinacionales son más importantes que el derecho a la educación.
Para llevar el gasto público en educación del 4% del PIB actual hasta el 7% que exhiben los países desarrollados, se requerirían adicionalmente unos 7 mil millones de dólares por año, es decir, sólo un 23% de las utilidades mineras. Esto sin considerar los recursos que podrían obtenerse para el desarrollo del país, si se aplicara una reforma tributaria que incrementara los impuestos a la banca, las empresas forestales, pesqueras y salmoneras, que utilizan gratuitamente los recursos naturales sin pagar por ellos.
Por qué Chile se permite el lujo de que cuatro familias –Luksic, Paulmman, Matte y la del Presidente Piñera- incrementen su riqueza en más de 16 mil millones de dólares, tan solo en un año, mientras que las familias de los estudiantes chilenos deben asumir costos altísimos y deudas impagables, para educarlos en un sistema que ni siquiera asegura una buena calidad ni un futuro laboral medianamente aceptable?
La respuesta no es que Chile es un país pobre, no, es el país más rico de América Latina, pero, privilegia el lucro, las utilidades del capital extranjero, la concentración de la riqueza y desestima el derecho a la educación, la justicia social y el principio de la igualdad de oportunidades.
Lo que todos debemos tener, es la convicción clara y nítida de que Chile puede largamente satisfacer las demandas del movimiento estudiantil, pero, no quiere, debido a que está gobernado por una elite que sirve al interés privado de grupos económicos y conglomerados multinacionales y desprecia el interés público y el bienestar del pueblo chileno.”
Otra opinión complementaria es la de Francis Valverde, Coordinadora Ejecutiva Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), quien señala:
Sí. Puede y debe existir una educación gratuita. Chile cuenta con los recursos humanos y materiales para que el estado asuma su responsabilidad como garante del derecho a una educación de calidad, frente a todos los niños y niñas sin importar su origen social.
Si Chile es un país suficientemente desarrollado como para pedir el ingreso a la OECD, debería prestar atención al informe de dicho organismo en 2004, que arrojó que nuestra educación está claramente estructurada en torno a las clases sociales. Un país que, como el nuestro, quiere y puede llegar a ser parte de las naciones que generan propuestas de cambio democrático a nivel mundial, necesita poner énfasis en el mejoramiento de calidad de la educación.
La gratuidad implica que el estado (1) asume la responsabilidad no sólo de financiar vía voucher a los niños y niñas que van a la escuelas, sino también de proveer los recursos para que las escuelas desarrollen un buen aprendizaje; (2) promueve la participación de la comunidad educativa y social que rodea la escuela en su quehacer educativo, asumiendo que la educación es una tarea y preocupación de toda la sociedad; (3) impulsa políticas públicas de formación docente acorde a los tiempos en términos de capacidades sociales que aseguran la permanente profundización de la democracia.
Debemos formar no sólo estudiantes de mucho conocimiento, sino también ciudadanos. Ese mandato requiere ver la educación como un desafío país y no como un medio de lucro de un grupo de personas en el corto plazo. Por eso debe ser gratuita, no debe segmentar, no debe seleccionar, es un derecho humano y un bien social y eso sólo lo puede asegurar el estado.
En esta misma postura algunos expertos aseguran que educación gratuita en Chile es posible y planean Implementarla el 2013.
Académicos y profesionales de distintas disciplinas elaboraron propuesta de un nuevo sistema de enseñanza para el país. Participaron Hernán Frigolett (economista Universidad de Chile), Alberto Mayol (sociólogo y académico Universidad de Chile), Salvador Muñoz (cientista político Universidad Diego Portales) y Roberto Pizarro (economista Universidad de Chile).
“La educación pública y gratuita es posible. Proveerla con calidad es no sólo posible, sino además indispensable. Estos tres rasgos, lo público, el carácter gratuito y la capacidad de producir educación de calidad, constituyen la única manera en que una comunidad puede garantizarse para sí la satisfacción del derecho a la educación” asegura un grupo de expertos convocados por la Fundación Terram en una propuesta destinada a implantar la enseñanza sin costo para los estudiantes en un plazo de dos años.
Académicos y profesionales de distintas disciplinas elaboraron esta propuesta de un nuevo sistema de educación pública para el país en un documento de 27 páginas. Participaron Hernán Frigolett (economista Universidad de Chile), Alberto Mayol (sociólogo y académico Universidad de Chile), Salvador Muñoz (cientista político Universidad Diego Portales) y Roberto Pizarro (economista Universidad de Chile).
El texto precisa que en el caso de las Universidades del CRUCH, alcanzar la gratuidad implica incorporar al gasto público lo que actualmente aportan los hogares, es decir, un monto anual de US$ 1.900 millones. En la educación escolar pública en cambio, llegar a esta meta implica asignar una subvención equivalente a $90.000 mil pesos por alumno, lo que requiere de un monto adicional anual de US$ 1.600 millones.
Para la propuesta se determinan tres formas de financiamiento, partiendo desde un ajuste a la actual regla fiscal a un déficit estructural de 2% en lugar del 1% en aplicación por este gobierno. También se aspira a modificar la Ley Reservada del Cobre, manteniendo un 5% de las ventas para las Fuerzas Armadas y orientando un 5% para la educación. La tercera medida para recaudar los recursos faltantes, es reasignar el presupuesto nacional, de la misma forma que lo realizó el gobierno para el terremoto del 27 de febrero de 2010, una suma de USD 500 millones, poniendo énfasis en el área de educación.
“Consideramos que el año 2012 debe ser de transición. Sugerimos que mientras no se haga un cambio radical en la estructura del sistema educativo y no se provea de la infraestructura y sistema jurídico adecuado, se transite por un proceso de modificación radical del aporte económico del Estado al sistema educacional público. Debe duplicarse la subvención a establecimientos municipales, aumentar radicalmente el aporte fiscal directo a universidades del CRUCH, pero por sobre todo a las públicas de dicha entidad. Se debe reparar a los estudiantes endeudados según los criterios ya señalados y todos los aranceles deben reducirse significativamente, al menos a la mitad”, plantearon los expertos.
Además especifican que “se deben montar las condiciones para un sistema público en 2013. En ese año todos los estudiantes de universidades y centros de formación técnica privados podrán transitar (es opcional) hacia la educación pública gratuita, homologando según corresponda sus cursos y titulándose mediante el proceso de la Red de Universidades Públicas o de la Red de Centros de Formación Técnica Públicos”.
El documento advierte que “la gratuidad de la enseñanza debe operar sobre el 100% de las familias chilenas. La educación es un derecho social y como tal se garantiza cuidando su carácter de bien público. Su inclusión en un mercado altera el carácter universal, pues establece precios y rangos de calidad asociados a ello”.
Pero también tenemos posturas que van en contra de lo anteriormente expuesto:
Rosita Camhi, Directora programa social de Libertad y Desarrollo, señala que entre 1990 y el 2010 el presupuesto creció seis veces y en 2010 alcanza a $4,4 billones de pesos. El gasto en educación escolar de básica y media por alumno también ha ido aumentando. Creció 5 veces entre 1990 y el 2008
Este mayor gasto ha traído mejoras al proceso educativo y se ha destinado a infraestructura, extensión de la jornada, más textos escolares y material, más bibliotecas etc. También se ha ido ampliando la cobertura de media que es del 80%.
El gasto escolar en Chile alcanza a 3,4% del pib/cápita, cifra similar a los países de la OECD. Sin embargo, nuestro sistema educativo ha sido ineficiente en transformar estos mayores recursos en mejores resultados de aprendizaje. Las pruebas SIMCE de medición de la calidad de la educación no muestran progresos en el rendimiento escolar, salvo algunos colegios subvencionados que atienden a niños de sectores vulnerables y que han logrado excelentes resultados.
Lograr una educación al nivel de país desarrollado que es a lo que debiéramos aspirar, requiere más recursos. Sin embargo, antes de continuar aumentando la subvención en educación, se debe tener claro cuánto cuesta lograr una educación de calidad y cómo alcanzar los estándares que se ha propuesto la futura agencia de calidad. Lo más probable es que se concluya que la subvención escolar debiera aumentar, pero centrando este aumento en los alumnos más vulnerables, donde hay que hacer el mayor esfuerzo educativo.
El Ministro de Educación Felipe Bulnes señaló que “No es posible” otorgar educación superior gratuita, planteó que asegurará que durante la tramitación de los proyectos de ley los estudiantes “tengan espacio para hacer valer sus inquietudes y sean actores especialmente considerados”
Sostiene que “respecto a la educación gratuita que se ha planteado, quiero decir con responsabilidad que no podemos darle educación superior gratuita a todos los chilenos”.
Asegura que la gratuidad “además es una política que no es correcta, pues los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior”.
Asume que se “ha dado saltos históricos” en materias fundamentales como es el caso del endeudamiento que sufren las familias chilenas.
Se comprometió a asegurar que durante la tramitación de los proyectos de ley, los estudiantes “tengan espacio para hacer valer sus inquietudes y sean actores especialmente considerados”.
Como respuesta a lo que proponen los estudiantes el gobierno ha hecho una propuesta:
Los 21 puntos de la propuesta del Gobierno:
1.- Incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo.
2. Desmunicipalizar la educación escolar estatal, generando una nueva institucionalidad basada en organismos públicos.
3. Aumentar la cobertura y calidad de la educación parvularia.
4. Aumentar sustancialmente el gasto en subvención escolar, con especial énfasis en los alumnos más vulnerables.
5. Modificar el sistema de financiamiento escolar, considerando que una porción de los aportes vigentes sea en base a matrícula.
6. Modernizar la carrera docente y fortalecer la formación inicial de profesores.
7. Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, que establece requisitos básicos de calidad.
8. Implementar el nuevo sistema de fiscalización del cumplimiento normativo y del uso de los recursos públicos en el sistema escolar.
9. Fortalecer la oferta educativa de la educación escolar técnico profesional.
10. Continuar ejecutando con la máxima celeridad la reconstrucción de los establecimientos educacionales, presentando un cronograma con las fechas de ejecución de los trabajos
pendientes.
11. Promover la participación estudiantil en todos los niveles. En particular, en educación superior derogar las normas que limitan su participación.
12. Fortalecer la educación superior estatal y las universidades tradicionales, a través de aportes basales contra metas de interés nacional y regional.
13. Complementar el financiamiento a las instituciones de educación superior con aportes asociados a convenios de desempeño, fomentando el desarrollo de áreas específicas.
14. Reestructurar en el mediano plazo el sistema de becas y créditos estudiantiles para la educación superior, de manera que ningún estudiante meritorio quede fuera de la educación superior por razones económicas.
15. En lo inmediato, aumentar las becas, rebajar el costo del crédito con aval del estado y reprogramar los deudores morosos del crédito solidario.
16. Reformular y hacer más exigente el sistema de acreditación de la educación superior, estableciendo la acreditación institucional como futuro requisito para acceder al financiamiento estudiantil y mejorando el acceso a la información para los postulantes.
17. Crear una superintendencia de educación superior, que fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en las universidades.
18. Promover un sistema de admisión a la educación superior más equitativo e inclusivo, considerando elementos como el ranking escolar.
19. Potenciar una oferta de calidad y alta pertinencia en la educación superior técnico profesional.
20. Promover la interculturalidad en la educación superior.
21. Dar un salto cualitativo en innovación, ciencia y tecnología.
El Ministro de Hacienda Felipe Larraín declara que no es posible la educación gratuita para todos los chilenos, no sólo no es posible sino que además ello sería injusto. Argumenta que no tiene sentido que tengamos educación gratuita para gente que puede pagarla.
Lo que tenemos que hacer es apoyar a los que tienen menos, a los que teniendo el talento y el esfuerzo han podido llegar a la universidad o a una institución de educación superior, pero no pueden pagarla.
Expresa que el Gobierno expandirá los créditos con aval del Estado, se reducirá la tasa de estos préstamos a un 2% (lo que significará una rebaja en la cuota de 30-40%), habrá un programa de reprogramación para los deudores morosos, y se aumentarán las becas.
Se mantiene en la defensa del actual sistema señalando que “vamos a entregar acceso en forma más expedida y más barato a todos los que quieran estudiar. Así podremos focalizarnos en los que tienen menos".
Respecto de la propuesta de una reforma tributaria la posición del Gobierno es que para llevar adelante una reforma a la educación no se necesita una reforma tributaria.
"El programa de Gobierno está financiado con los recursos del crecimiento económico. Hay gente que no creía que Chile iba a poder crecer al 6%, y estamos creciendo más que eso. Por tanto, tenemos crecimiento económico y una revisión del precio de largo plazo del cobre que nos permite tener más recursos en forma permanente", apuntó, enfatizando que el presupuesto de educación pública asciende a unos USD 11.500 millones, equivalente a un 5% del PIB.
